La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha sometido a consulta pública una propuesta de guía de programas de cumplimiento de diversas normas de defensa de la competencia. A pesar de que aun el Consejo de la institución tiene que validar dicha propuesta. Lo cierto es que supone un gran avance en cuanto a términos de transparencia y participación pública se refiere.
Haciendo hincapié en la iniciativa, resulta interesante destacar el papel de los programas de compliance en un contexto de expedientes sancionadores. Tal es así, y según ha recogido el diario Cinco Días, “tras el reconocimiento en algunas resoluciones del potencial de estos programas como posibles circunstancias atenuantes, la autoridad sintetiza en el documento su posición general al respecto, abriéndose a admitir este valor mitigador cuando los programas de cumplimiento cumplen con unos estándares mínimos que también concreta por primera vez”.
Sin dejar de lado valor, la CNMC detalla que las compañías comprometidas con una cultura de compliance a través de la implementación de programas de cumplimientos, pueden ver reconocido este compromiso en el caso de haber cometido alguna acción anticompetitiva mediante la mitigación de la sanción.
La propuesta de la CNMC pretende garantizar la efectividad a la hora de prevenir infracciones
Así pues, algunos de los aspectos estructurales de ésta van desde la implicación a todos los niveles de la dirección de la empresa, hasta el diseño de canales de denuncia, así como los procesos de control e investigación completamente efectivos; pasando por la garantía de los responsables de cumplimiento o el poner en marcha un régimen disciplinario, transparente y eficiente.
Pero sin duda alguna, las empresas deben evaluar de manera periódica cuáles son los potenciales cumplimientos, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para su atenuación, que requiere el compromiso permanente de la compañía para hacer frente a las prácticas anticompetitivas.
La iniciativa de la CNMC no solo se basa en la imposición de sanciones, sino también, como “elemento anulador de la prohibición de contratar que, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, aplica a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas”, ha concluido Cinco Días.
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