La ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en las estrategias de las compañías. Teniendo en cuenta que una empresa pueda tardar hasta dos meses en resolver un ataque en sus sistemas, en 2019 se registraron casi 9.000 detenciones e investigaciones por ciberdelitos en España.

Ante este escenario, cada vez son más los negocios que comienzan a pedir a sus proveedores las máximas garantías, con la finalidad de minimizar cualquier tipo de daño, naciendo así una nueva obligación.

La ciberseguridad como medio de prevención

Por ejemplo, Estados Unidos ya ha planteado los primeros procedimientos judiciales en los que la ciberseguridad es la protagonista. En mayo, según recoge el diario elEconomista.com, la Justicia obligó a Capital One a reportar un problema de seguridad de uno de sus proveedores, pues el caso ha derivado en una demanda colectiva a raíz de una fuga de información masiva. 

Así es cómo la entidad Credit Union demanda a una de las principales compañías de Fintech, Fiserv, por no cumplir con las obligaciones de ciberseguridad en cuanto a la protección de datos e información de clientes se refiere. 

El demandante afirma que la plataforma de su proveedor estaba “llena de vulnerabilidades, que expuso a la entidad financiera a posibles robos de datos y suplantaciones de identidad”. A esto hay que añadirle que, en el sitio web de Fintech, se señala que ofrecen a sus clientes una protección contra ciberamenzas, algo que según Credit Union, no es de ese modo. 

En este aspecto, la entidad bancaria reclama una indemnización por no cumplir el contrato y apropiarse de secretos profesionales.

Este caso abre el debate sobre la relevancia de la ciberseguridad en las compañías, ya que es sinónimo de confianza, la cual tiene que ser una prioridad en cualquier empresa. Por tanto, la falta de medidas técnicas y organizativas puede provocar pérdidas económicas y un daño reputacional irreparable.

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