La situación de crisis, marcada por el coronavirus, es un hecho sin precedentes. A primeros de abril, se registraron 110.238 casos y un total de 10.003 fallecidos (datos del Ministerio de Sanidad). Según las Fuentes del Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para un aluvión de denuncias por no anticiparse a la emergencia del COVID-19, así como por los problemas que han ido surgiendo estos días como son la falta de material sanitario.
Ante estos acontecimientos, el Gobierno prevé que tanto familiares de los afectados, como personal sanitario o partidos de la oposición pongan estos casos en manos de la Justicia como ya ha ocurrido en Francia donde se han presentado las primeras denuncias, siendo un grupo de médicos quienes han iniciado el proceso judicial contra el presidente Emmanuel Macron y el ministro de Sanidad Olivier Véran.
Puntos clave de la preocupación del Ejecutivo
Los analistas coinciden, según ha recogido Vozpópuli, que hay varios aspectos que preocupan a la cúpula del Gobierno español. El primero de ellos es que a finales de febrero estaban llegando informaciones desde Italia, alertando de la situación de nuestros vecinos europeos, que España pasó por alto. Poco después, el Ministerio de Sanidad recomendó frenar las aglomeraciones, indicando que el riesgo para el país era “moderado”. Sin embargo, durante esa misma semana se celebraron diferentes actos en varias ciudades cuando, además, la Unión Europea determinó que las concentraciones multitudinarias “propagaban el virus”, elevando el riesgo a “elevado”. Por su parte, la OMS llevaba días pidiendo medidas de contención.
¿Podría el Gobierno enfrentarse a un delito de lesiones y homicidio?
Según el artículo 14 del Código Penal, que establece todo lo relativo a las omisiones como acto de delito, podría deducirse que sí. Este artículo hace referencia a la entidad o persona jurídica, que debe tomar una decisión en un momento dado y no lo hace, puede enfrentarse a un delito de lesiones en caso de enfermedad. Si, por el contrario, la persona fallece, se trataría de un homicidio imprudente (no voluntario).
Por ello, entre los principales denunciantes, podrían estar los familiares de los afectados o colectivos de médicos y enfermeros, debido al colapso de la Sanidad de estas semanas.
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