En un contexto extraordinario, como es la situación de pandemia producida por el retrovirus COVID-19, estamos inmersos en una constante actualidad informativa. Además, no podemos obviar el hecho de que la mayoría de la población está en aislamiento preventivo tras decretarse el Estado de Alarma en España el pasado 14 de marzo, lo que ha supuesto un mayor consumo de los medios de comunicación, que abren titulares con las medidas y posturas del Gobierno respecto al coronavirus.
Algunos de los hechos que más controversia han ocasionado durante estas semanas, han sido, por un lado, las declaraciones del Ejecutivo sobre el estado de salud de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien, en un primer momento, había dado negativo en las pruebas del COVID-19, pero cuyo resultado “no era concluyente”. Días después, tuvieron que reconocer que la Política había sido hospitalizada en la clínica Rúber de Madrid, diagnosticándole coronavirus.
Por otro lado, y hasta la fecha, los datos que se han publicado, han sido bastantes básicos, pues no se han distinguido las edades de los infectados y, además, existían diferencias significativas entre las comunidades autónomas. Por ello, cabe destacar la importancia de unos datos actualizados y completos, que son la clave para estudiar los efectos y la evolución del virus, con el objetivo de poder predecir la curva de contagios del COVID-19.
Todo esto nos lleva a preguntarnos:
¿Está cumpliendo el Gobierno con la Ley de Transparencia?
La ley de Transparencia establece que todas las administraciones públicas tienen la obligación de publicar los datos que garanticen la transparencia en su actividad y, además, regula el derecho de acceso a dicha información de los ciudadanos.
Si accedemos al portal de transparencia del Gobierno, podemos leer que “la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos”.
Asimismo, y teniendo en cuenta las definiciones de los términos “Información” y “Transparencia”, cabe decir que, actualmente, nos encontramos ante una situación sin precedentes, en la que, la comunicación juega un rol esencial a través de mensajes claros, concisos y transparentes, sobre todo, cuando las declaraciones provienen del Gobierno u otros organismos públicos.
En AVERUM Abogados, como especialistas en Derecho al Honor, somos conscientes de que la transparencia es un valor al alza y más aún en los tiempos que corren.
